Desde que en España nació el Seguro Obligatorio
de Enfermedad en 1942, la sanidad pública tenía una intima relación con la
cotización del trabajador. Este modelo se ha transformado con el tiempo y se
avanzó hacia otra concepción de la salud: no una contraprestación a lo
cotizado, sino un derecho ciudadano universal. Desde la Ley General de Sanidad
de 1986 hasta la ley de salud pública de 2011, todos los pasos han ido en esta
dirección. Sin embargo las últimas reformas retroceden lo avanzado. El
Gobierno de turno ha cambiado el modelo y la sanidad vuelve a considerarse algo
que hay que ganarse. El paciente pasa de ser ciudadano a “asegurado”.
Comparto con ustedes un artículo escrito
por Adriana Zumarán, publicado el primero de octubre de 2012 en la revista ALANDAR: Revista de Información Social y Religiosa. En el
cual menciona las consecuencias mediatas que tiene esta medida, como: 1) la no
disminución del gasto en salud, 2) el aumento en la incidencia y prevalencia
de enfermedades infecciosas, 3) la violación de acuerdos internacionales, y 4)
las reacciones y acciones de los diferentes colectivos ante una medida que
consideran desafortunada.
Hasta el 1 de septiembre el Estado español era, junto a Bélgica,
Francia e Italia, uno de los países europeos cuya legislación protegía
la gratuidad de la atención sanitaria para las personas migrantes en
situación irregular. Aunque en la práctica dicho acceso no era siempre
real, el sistema sanitario español permitía que, conociendo recursos y
recovecos, una parte de este colectivo accediera a los servicios.
No obstante, al “calor” del ajuste estructural y con la excusa de la
crisis económica, el Gobierno ha decidido anular la universalidad de la
gratuidad en la atención, excluyendo a las personas extranjeras mayores
de 18 años no registradas ni autorizadas como residentes en España.
Estas personas solo serían atendidas en caso de embarazo, parto y
puerperio y recibirían atención de urgencia en caso de enfermedad grave o
accidente.
Con
esta decisión, el Gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado de un plumazo
uno de los aspectos más dignos, destacables y solidarios del sistema de
protección social de este país.
El ejecutivo ha planteado dos tipos de argumentos para justificar la
medida. Un argumento es que el sistema sanitario es deficitario y, por
tanto, hay que recortar gastos para hacerlo sostenible. No obstante, en
opinión de diversos colectivos y organizaciones sociales, compartimentar
el presupuesto nacional pretendiendo que servicios básicos como la
salud no tengan déficit niega los cimientos de la protección social.
Lógicamente, es deseable reducir gastos que son innecesarios en el
sistema sanitario, pero si se trata de alcanzar el déficit cero en el
presupuesto general del Estado, ¿no tiene más sentido reducir los gastos
en partidas más grandes y cuestionables como las destinadas a
armamento? Por el contrario, en un contexto de crisis, el gasto en salud
debería mantenerse o incluso aumentarse, según se anticipe que puedan
aumentar las necesidades. Eliminar el déficit en salud es una opción
política y no una alternativa ineludible, como se intenta transmitir.
El otro argumento es que hay personas que se aprovechan del sistema
puesto que no cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, no merecen
recibir una atención gratuita, como el resto de residentes en el país.
Sin embargo, el hecho de que existan personas que migraron a España para
realizar un proyecto de vida y que actualmente no acceden a un puesto
de trabajo o están fuera del sistema de Seguridad Social, ¿debe ser
considerado un fracaso de esas personas individualmente, o lo es del
conjunto del Estado al no haber podido vincular la gran necesidad de
cuidados y productividad en el país con las capacidades de las personas
nativas o extranjeras que buscan un empleo? La política de “chivo
expiatorio” en este caso es evidente, además de basarse y alentar
discursos xenófobos inaceptables en un país que se llama a sí mismo
democrático.
Diversos sectores de la sociedad han respondido ante la medida. En
general hay consenso en que una reforma sanitaria –así como otra reforma
fiscal y otras más estructurales– es necesaria. No obstante, ni la
forma en que ha sido elaborada, ni el resultado final recogen el sentir
del gremio médico, de los colectivos de profesionales sanitarios, ni de
organizaciones sociales, incluidas las de inmigrantes. De esta manera,
la reforma, aun sin haber entrado en vigor, afecta a uno de los
principios del Estado de Derecho y los Derechos Humanos: el de la
participación.
Entre los planteamientos más destacables de los actores sociales que
se han manifestado en contra de la medida está que supone una ruptura de
uno de los sellos distintivos del sistema sanitario español hasta el
momento y de un importante sector de la sociedad española: la
solidaridad.
Con esta decisión el Estado español estará desoyendo las
recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas e
incumpliendo sus obligaciones en materia de protección del derecho a la
salud, pues dejaría desprotegido a uno de los grupos más vulnerables de
la sociedad: las y los migrantes en situación irregular. En concreto,
pasaría por alto la recomendación explícita que el Comité remitió al
Estado español en mayo de 2012, sobre la erradicación de la
discriminación que sufre la población inmigrante en relación a sus
derechos económicos, sociales y culturales.
Desde
una perspectiva más integral, la reforma afecta, además, a los
principios de universalidad, progresividad, equidad y participación, así
como al derecho a la vida. Además, se agudizará la particular
vulnerabilidad de la salud de las mujeres migrantes. Los únicos
servicios a los que las migrantes en situación irregular podrían acceder
sin coste son los de emergencia y la atención al embarazo y el parto.
Con esas limitaciones, ¿qué pasará con la atención frente a la violencia
de género? ¿Tendrán que esperar las mujeres hasta tener lesiones
físicas graves para recibir atención sanitaria? ¿Cómo podrán ejercer
estas mujeres su derecho a decidir sobre el número de hijos que deseen
tener?
Si bien la medida se ha lanzado con el pretexto del déficit cero,
varios análisis han coincidido en anticipar su escasa aplicabilidad al
tiempo que pobres resultados en términos presupuestarios. La reforma
afecta a casi un millón de personas migrantes que generan apenas el 5%
del gasto sanitario. Por otro lado, las posibilidades de que los
sistemas sanitarios de los países de origen de las y los migrantes en
situación irregular se hagan cargo de los gastos de sus ciudadanos y
ciudadanas en España son remotas, dada los limitados recursos de los que
generalmente disponen y la escasa atención que dichos colectivos suelen
recibir de sus gobiernos en general. ¿Se propone el Gobierno español
embargar embajadas? ¿Nos tocará ver desahucios en estos casos?
La reforma sanitaria, además de inaceptable e ineficaz, acarrea
riesgo para la salud pública. De manera directa, para las personas
migrantes en situación irregular, pues habrán perdido el acceso a la
atención primaria de salud y solo serán atendidas en momentos de
emergencia, para luego ser “dadas de alta”, aunque no estén recuperadas.
Para quienes sufren enfermedades crónicas, es un golpe muy serio a su
bienestar y a su entorno directo, pues el deterioro de su salud
acarreará más necesidades de cuidado que muy probablemente serán
resueltas finalmente por las mujeres de sus familias, en menoscabo de
sus proyectos personales. En el caso de las enfermedades
infectocontagiosas, el riesgo es aún más amplio porque se sumaría la
expansión de dichas enfermedades a otros sectores de la sociedad.
Considerando que la población nativa no necesariamente dispone de las
defensas necesarias para sobrellevar determinadas enfermedades –por no
haber recibido vacunas o por cuestiones ambientales– el riesgo es muy
importante.
Como bien ha transmitido el Gobierno, la reforma sanitaria no es una
medida aislada, sino un paquete de ajuste estructural, similar a los que
se llevaron a cabo hace dos décadas en varios países de América Latina,
la región del mundo más desigual hoy por hoy, más allá de los
aparentemente alentadores indicadores macroeconómicos. Dichos ajustes
son introducidos de manera sistemática por actores como el FMI en
diferentes países del mundo y responden a una ideología capitalista
neoliberal que está también en el origen de la denominada crisis
económica. Así, la salud, entre otros bienes sociales, se vuelve moneda
de cambio y pasa a ser objeto de las “leyes” de la oferta y demanda, de
la especulación y de los intereses de las industrias farmacéuticas,
compañías de seguros y de las operadoras privadas de salud. Todo un
retroceso en materia de solidaridad y derechos humanos.
En este difícil escenario, resulta alentadora la respuesta que se ha
estado dando a la reforma sanitaria desde la sociedad civil.
Comunicados, campañas de recolección de firmas para su modificación,
denuncias ante instancias nacionales y locales, campañas de objeción de
conciencia por las y los profesionales sanitarios, manifestaciones,
acampadas, entre otras, son contundentes acciones no violentas, mediante
las cuales muchas personas han evidenciado que no están dispuestas a
permitir el avance de esta reforma.
Dado que estas iniciativas han tenido un eco limitado en las
decisiones del Gobierno, será importante que el conjunto de la sociedad
se siga pronunciando y se implique tanto en las acciones de incidencia
para cambiar la reforma sanitaria como en las que pretenden responder a
las necesidades directas de la población afectada de manera solidaria.
Entre las propuestas en marcha, son especialmente alentadoras las que se
orientan a aprender a gestionar colectivamente la salud y los servicios
sanitarios para responder con justicia y equidad a las necesidades de
todas las personas.
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