Gonzalo Fanjull, nos describe en su blogs 3500 millones, las consecuencias de negar la sanidad a los inmigrantes irregulares en España.
Medida que el actual gobierno español está implementando bajo la premisa de
"ahorro".
Es una medida muy discutida, no sólo por las
consecuencias en la salud de los inmigrantes irregulares y en la salud pública española sino tambien porque no existe evidencia que demuestre que tal "ahorro" disminuya el gasto sanitario.
Esta medida afecta a ciudadanos en su mayoría vulnerables, quienes por su condición de "irregulares" no pueden exigir este derecho por temor a represalias.
Esta medida afecta a ciudadanos en su mayoría vulnerables, quienes por su condición de "irregulares" no pueden exigir este derecho por temor a represalias.
Paso a transcribir el post.
Las consecuencias de negar la sanidad al inmigrante irregular
Hospital Rey Juan Carlos. foto: Cristobal Manuel
En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud.
El Gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. Eso es, sencillamente, imposible de saber. En primer lugar, el número de extranjeros que residen irregularmente en nuestro país es enormemente vaporoso. En segundo lugar, la imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia primaria podría llevar a muchos de ellos a recurrir a los servicios de urgencias, que ya actúan por encima de sus posibilidades. En tercer lugar, la 'desaparición' sanitaria de una población de esta envergadura puede generar problemas de salud pública cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este momento uno de los países desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis, una enfermedad con variantes extremadamente peligrosas que se concentra en algunos grupos de población inmigrantes.
En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud.
El Gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. Eso es, sencillamente, imposible de saber. En primer lugar, el número de extranjeros que residen irregularmente en nuestro país es enormemente vaporoso. En segundo lugar, la imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia primaria podría llevar a muchos de ellos a recurrir a los servicios de urgencias, que ya actúan por encima de sus posibilidades. En tercer lugar, la 'desaparición' sanitaria de una población de esta envergadura puede generar problemas de salud pública cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este momento uno de los países desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis, una enfermedad con variantes extremadamente peligrosas que se concentra en algunos grupos de población inmigrantes.
El recurso al argumento del 'turismo
sanitario' es una infamia. Como demuestran todos los trabajos serios que
se han asomado a este asunto, la mayor carga relativa de los
extranjeros para nuestro sistema de salud tiene apellidos alemanes,
británicos y franceses, no latinoamericanos o africanos. Es una
consecuencia simple de la edad de los inmigrantes irregulares y de su
temor a exponerse a cualquier tipo de autoridad. Y si no pagan más
impuestos (porque contribuyen con los indirectos, señora Ministra) es
porque nosotros se lo impedimos. Estudios sobre el coste de la rigidez
del sistema migratorio en el Reino Unido demostraron que el Estado
perdía más de 1.000 millones de libras anuales al mantener en la
irregularidad a una población de trabajadores más pequeña que la
nuestra.
Ningún ahorro económico compensará el modo
en el que esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras
instituciones públicas. Estamos convirtiendo en un infierno de
incertidumbre y vulnerabilidad la vida de cientos de miles de hombres,
mujeres y niños que llegaron a nuestro país para trabajar y prosperar.
Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en nuestras propias
casas, padecen una ciudadanía de tercera clase.
La medida es cobarde porque se dirige
contra aquellos que no pueden defenderse. Por eso es absolutamente
esencial que quienes tenemos la capacidad de levantar la voz lo hagamos
ahora. La oposición debe expresar con claridad lo que esto significa. La
Conferencia Episcopal no puede mantener por más tiempo esta tibieza
bochornosa (son sus propias organizaciones y fieles los que trabajan en
las trincheras de la política migratoria, defendiendo la dignidad de
nuestras comunidades). Los médicos, los enfermeros y enfermeras, el
personal de administración de los centros de salud: rebélense contra
esta medida. Niéguense a cumplir una ley que atenta contra la naturaleza
de su profesión.
No permitamos que esto ocurra. No admitamos
la derrota del sentido común y de la compasión en nuestras
conversaciones en el trabajo, en los colegios de nuestros hijos, en las
reuniones con amigos. No aceptemos que, tratando de no ser una sociedad
pobre, nos estamos transformando en una sociedad estúpida y cruel.
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